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Cuánto cuesta tener un celular en la cárcel

Y llevar un celular a los internos cuesta entre 1.500 y 2.000 pesos, en dependencia del penal (o sea, $90 a $121).

(CNN Español) — Los teléfonos celulares y el ingreso a Internet están prohibidos en las prisiones de Colombia. La manera de comunicación con sus familias y con el exterior es por correo oa través de tarjetas telefónicas en los teléfonos fijos de las prisiones. En este momento, una orden de la Corte Constitucional de Colombia desea cambiar eso, ya que cree que el derecho a la comunicación es imposible limitar completamente.

A través de sentencia T-276, la Corte determinó que el Centro Nacional Carcelario y Carcelario (Inpec) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic) alteren el presente sistema telefónico carcelario, por servirnos de un ejemplo, dando permiso llamadas a celular móviles inteligentes en prisión, en tanto que hoy en día hay bloqueadores de señal, mucho más alcanzables, ajustados a las promociones del mercado, eficaces y con un control conveniente para eludir que sean empleados en ocupaciones ilegales.

Por Anne Stuhldreher, Particular para CalMatters

Anne Stuhldreher dirige el Emprendimiento de Justicia Financiera en la Oficina del Tesorero de la Localidad-Condado de San Francisco y es integrante de la Finanzas del programa de seguridad del Centro Aspen, [email protected].

Al medrar, Blossom Sergejev tenía suerte si charlaba con su madre una vez por semana. En la mayoría de los casos, era una vez por mes. Aun de esta forma, sus diálogos acabaron prácticamente tan rápido como han comenzado. Ella, su hermano y su hermana sostuvieron un cronómetro para cerciorarse de que los tres consiguieran la parte justa del tiempo de su madre: cinco minutos cada uno de ellos.

Prevención de delitos

Por otra parte, la Resolución del Ministerio de Seguridad y Justicia establece que ningún celular en contexto de confinamiento puede ser usado para delinquir. De este modo, se estableció un protocolo que se trabajó a lo largo de múltiples meses con autoridades de las instituciones implicadas en el tema.

Entre los primeros lineamientos de este protocolo establece que los teléfonos celulares o gadgets registrados y usados inapropiadamente para la comisión de amenazas y otros delitos informáticos previstos en el Código Penal van a ser requisados y la persona que los registró no va a poder para entrar de nuevo al empleo del celular.

Doble palo

¿Qué se puede hallar con esta clase de baneo? Aparte de crear la iniciativa de que el celular siempre va a ser empleado para delinquir, denegar su función de ingreso a la comunicación con familiares, amigos, abogados, juzgados, organismos de derechos humanos, entre otros muchos, consagra la ilegalidad y la discriminación. Todos y cada uno de los que disponemos una relación con un individuo privada de independencia entendemos que en las prisiones hay celulares. Solo que, en lugar de estar registrados legalmente, y entender quiénes son, circulan ilegalmente, son moneda de cambio, son delegados por los propios agentes penitenciarios y marchan como una manera de ejercer el poder entre los internos. Se aceptan -y todo el planeta lo sabe- hasta el momento en que, para llevar a cabo estadísticas, o para castigar a cierta persona, se «hallan» en algún cateo, y después son circulados de nuevo por los gobernantes penitenciarios, previo pago del curso.

Pero, además de esto, al llegar esta reforma solo a los presos “federales”, esto es a los que están en las prisiones del Servicio Carcelario Federal, asimismo se consagra una flagrante discriminación: los presos alojados en las prisiones del Servicio Carcelario Habitual de Buenos Aires pudo emplear teléfonos desde 2020, en el momento en que fueron autorizados por la pandemia de coronavirus, y los prosiguen utilizando. Últimamente se ha autorizado de forma afín en las provincias de Brinca y Chaco, y en Mendoza asimismo se tienen la posibilidad de emplear. De esta forma, un recluso que esté en un penal federal de Ezeiza tiene contraindicado la utilización de celular. Y un preso que está en una prisión provincial de San Martín, a unos km de distancia, puede usarlos.

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