La dictadura se planteaba de esta forma remover cualquier oposición a su emprendimiento refundador, aniquilar cualquier acción que intentara disputar el poder.
La última actualización de nuestro Informe Estatal de Casos de Muerte mostró que, en 2022, se añadieron 529 casos con el tiempo lista de muertes a manos del estado. Sumando estas situaciones al registro de forma anual resultó un total de 8.701 muertes desde diciembre de 1983 hasta diciembre de 2022. De estos 529 casos nuevos, 436 sucedieron entre enero y diciembre de 2022.
Estos números, que a fácil vista hacen resumen, son la traducción de lo que venimos demandando desde 1996, en el momento en que hicimos la primera presentación del Fichero: ¡la bala policial aniquila a nuestros pobres, y la policía está armada y pertrechada por el Estado!
Censura cultural
La censura cultural se aplicó de forma sistemática. Desde la quema de libros hasta amenazas a artistas musicales que debieron exilarse a lo largo de múltiples años. Era conocido el desprecio por todo cuanto significaba la civilización rock: la manera de vestir, el pelo largo, las letras, la música, todo se consideraba arriesgado, “lavado de cerebro”, y había que censurarlo.
En 2009, el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) publicó una lista negra con mucho más de 200 canciones que no lograron ser transmitidas en los medios a lo largo de la dictadura. Esta lista contenía temas de artistas nacionales y también de todo el mundo que no se ajustaban a sus valores conservadores. Las letras que charlaban de independencia, drogas y erotismo eran consideradas una amenaza que precisaba ser destruida. Artistas musicales como León Gieco, Charly García y Mercedes Sosa, entre otros muchos, fueron perseguidos y debieron cambiar sus letras, no modificar canciones e inclusive exilarse.
Un tanto mucho más adelante, no obstante, quedó claro que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses de los enormes conjuntos económicos, quienes pusieron en marcha un plan que acabaría por desmantelar el aparato productivo de el país.
El 24 de marzo de 1976, una junta militar dentro por los tres comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas derribó al gobierno constitucional encabezado por María Estela Martínez de Perón. Las Fuerzas Armadas aceptaron el poder político como representantes de los intereses de enormes conjuntos económicos. Para hacer el emprendimiento de estos conjuntos, que consistía en asegurar una mayor concentración de la riqueza, era preciso eliminar las organizaciones sociopolíticas que luchaban por evitarlo. Días después, la junta nombró presidente a uno de sus integrantes, el jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, quien fue anunciado en una nota oficial como «un profesional moderado, distanciado de los extremos ideológicos y componente católico».
Se había realizado un nuevo golpe de Estado que, exactamente la misma los precedentes, contó con el acompañamiento de esenciales campos, eminentemente enormes conjuntos económicos nacionales y extranjeros, automóviles de comunicación que cooperaron en elaborar a la sociedad para admitir el golpe como la única opción alternativa para salir de la crisis, la Iglesia Católica y los mandatarios políticos y sindicales que más allá de que no brindaron un acompañamiento explícito, tampoco se pronunciaron en contra.